Conflicto universitario
“Marcha de las velas”: nueva protesta en la UBA para reclamar por el financiamiento universitario
Estudiantes, docentes y no docentes realizarán este miércoles una protesta en la Plaza Houssay y marcharán hacia Tribunales.
Por Nuncia - Redacción
3 de noviembre de 2026 · 17:30 · Lectura: 3 min
Estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocan a la “Marcha de las velas”. La protesta se hará para reclamar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
La concentración será este miércoles 4 de noviembre, a las 17, en la Plaza Houssay. A las 18 marcharán hacia el Palacio de Tribunales, donde prevén encender velas y realizar una clase pública de Derecho Constitucional a las 19.
“No permitamos que se apague la universidad” es el lema de la convocatoria. Impulsan la protesta la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), junto con Aduba, Apuba y distintos centros de estudiantes.
Antecedentes y conflicto judicial
La movilización llega a menos de tres semanas de la quinta Marcha Federal Universitaria. Aquel acto central frente al Congreso terminó antes de tiempo por incidentes y lluvia, con un saldo de diez heridos y 31 detenidos.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la FUA y el Frente Sindical repudiaron la represión. Las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes que arrojaban piedras.

El 26 de junio de 2025, los gremios ya habían marchado con antorchas desde la Plaza Houssay hasta el Palacio Sarmiento. El reclamo por los fondos recorrió el Congreso y llegó a la Corte Suprema sin resolverse de forma definitiva.
La ley 27.795 prevé actualizar becas, recomponer salarios y fondos de funcionamiento de las universidades. El presidente Javier Milei había vetado una iniciativa similar en 2024 y el Congreso no juntó los votos para sostenerla.
Tras sostener la norma vetada, el Gobierno la promulgó en octubre de 2025 mediante el decreto 759. La norma supeditó su ejecución a que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento.

El CIN y las casas de altos estudios acudieron a la Justicia. El juez federal Martín Cormick dictó una medida cautelar en diciembre para aplicar artículos sobre salarios y becas, decisión confirmada por la Cámara Federal y la Corte Suprema.
En junio pasado hubo un acuerdo entre el Ejecutivo, rectores y gremios por mejoras salariales y gastos. Dos meses después, los sindicatos retomaron las protestas al denunciar incumplimientos oficiales parciales.
El Gobierno cumplió pagos salariales en dos tramos pero no el resto de los puntos. La Justicia declaró inconstitucional el decreto que frenó la ley y ordenó aplicarla de inmediato.
Cormick consideró que la estrategia oficial funcionó como un veto no previsto en la Constitución. Previamente, fijó multas diarias al jefe de Gabinete, Diego Santilli, aunque la Cámara Contencioso Administrativo Federal las suspendió.
La postura del Gobierno
El Ejecutivo sostiene que la ley incumple la ley de administración financiera y normas de ejecución presupuestaria. El secretario Carlos Torrendell y el subsecretario Alejandro Álvarez defendieron el presupuesto 2027 en Diputados.
“El (Poder) Ejecutivo está a derecho, como ha estado siempre”, remarcó Álvarez. Los funcionarios cuestionaron a los rectores por la administración de recursos y tildaron a la dirigencia de acuerdo corporativo.

El proyecto de presupuesto 2027 destina unos 7,3 billones de pesos para las universidades nacionales. Los rectores estimaron que harían falta 11 billones para cumplir con la ley, casi un 50 por ciento más.
Álvarez defendió el cálculo oficial y cuestionó que el pedido incluyera recomposición salarial. “No hay un solo gasto que esté desfinanciado”, afirmó, aunque reconoció que los fondos para hospitales universitarios aún no se ejecutaron.
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