Reclamo institucional
Lanzan una campaña cívica para reclamar cambios en los concursos judiciales
Más de 100 organizaciones piden limitar a 20 puntos la entrevista personal en los concursos judiciales.
Por Nuncia - Redacción
3 de noviembre de 2026 · 13:25 · Lectura: 3 min
Más de 100 organizaciones civiles, cámaras empresariales y juristas lanzaron una campaña nacional bajo el lema “Por una justicia independiente”. La iniciativa exige mayor transparencia, predictibilidad e igualdad en los concursos para el Poder Judicial a cargo del Consejo de la Magistratura de la Nación.
El eje central del reclamo es modificar el reglamento de selección para acotar la injerencia de las evaluaciones discrecionales. Las entidades solicitan “limitar a un tope de 20 puntos la incidencia de la entrevista en el resultado, en línea con lo propuesto por la Corte Suprema de la Nación”.
El documento advierte que achicar el margen discrecional es “el primer paso para garantizar la independencia judicial”. Sostienen que esa condición resulta clave para promover la inversión, el crecimiento y el empleo.
El proyecto previo y los efectos de la discrecionalidad
En marzo pasado, dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, presentaron un proyecto similar. Sin embargo, la iniciativa continúa trabada dentro del Consejo de la Magistratura.
Actualmente, la discrecionalidad en las entrevistas permite que candidatos con notas bajas en exámenes escritos alcancen posiciones expectantes en las ternas. Esas ternas son las que luego utiliza el Poder Ejecutivo para proponer a los aspirantes.
La campaña se difunde bajo la consigna #MasMeritoMasJusticia mediante una petición pública en la plataforma Change.org. Los impulsores remarcaron en un comunicado que la Constitución exige idoneidad, independencia y eficacia.
Sin embargo, criticaron que hoy “se usan criterios distintos para decidir quién llega a la entrevista personal, la cual termina siendo definida por criterios discrecionales y el mérito del concurso queda sin efecto”.

Además, remarcaron la obligación legal del órgano evaluador de respetar estrictamente el orden de mérito. Ese orden debe surgir de los exámenes y de los antecedentes académicos de cada postulante.
Adhesiones del sector civil y privado
La presentación cuenta con el respaldo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Cippec y la Red de Acción Política (RAP). También suscriben el Club Político Argentino, Poder Ciudadano, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
Por parte del sector privado, se sumaron IDEA, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Completan el grupo la Sociedad Rural Argentina y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).
Entre los juristas adherentes figuran Roberto Gargarella, Daniel Sabsay y María Angélica Gelli. También apoyan Juan Carlos Cassagne, Antonio María Hernández, junto con diversas personalidades públicas y dirigentes políticos.