Pedido formal
Un diputado opositor solicitó a la AGN una auditoría integral por la privatización de AySA
El diputado opositor Guillermo Michel pidió a la AGN revisar la privatización de AySA, adjudicada por US$ 340,2 millones a un consorcio privado.
Por Nuncia - Redacción
31 de octubre de 2026 · 18:35 · Lectura: 3 min
El diputado opositor de Unión por la Patria Guillermo Michel solicitó formalmente al presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, una auditoría integral sobre la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El pedido se realizó a pocas semanas de la fecha límite para la firma del contrato de traspaso de la empresa.
Michel integra la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y fue director general de la Aduana. En su presentación formal, expresó: “Solicito a la AGN que resuelva incluir en el Programa Operativo Anual 2026 y dar inmediato inicio a una auditoría integral de gestión, financiera y de cumplimiento del proceso de privatización total, bajo la modalidad de venta de la totalidad de acciones del Estado Nacional en AySA”.

Días atrás, el legislador había cuestionado la operación en declaraciones radiales. “Nosotros podemos hablar de números, pero al final del día estás hablando del agua de la gente y a quién le vas a reclamar cuando le corten el agua a un vecino de González Catán. ¿Le van a mandar una carta al fondo de inversión de Holanda? ¿Quién le va a contestar? ¿La Reina Máxima? Están avanzando sobre cuestiones básicas de las personas”, afirmó.
El 22 de octubre, el Gobierno adjudicó la licitación de AySA por US$ 340,2 millones mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial. La adjudicación recayó en un consorcio formado por Rowing SA (vinculada a Walter Román), Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA (de Mauricio Filiberti, conocido como “el Rey del Cloro”).
La operación abarca la venta del 90% de las acciones estatales de la compañía, que abastece de agua potable a 14 millones de personas. Se estableció como fecha límite el próximo 13 de noviembre para la rúbrica del contrato. El 10% restante de las acciones continuará en poder de los trabajadores mediante el programa de propiedad participada, gestionado por el sindicato a cargo de José Luis Lingeri.

El proceso se ampara en la Ley Bases, que declaró sujeta a privatización a la empresa, y en el decreto 494/2025. El esquema prevé que el consorcio ganador invierta US$ 1940 millones en el primer quinquenio y US$ 15.040 millones durante los 30 años de concesión, que finaliza en 2056 y contempla una prórroga de 10 años.
Las metas fijadas para los primeros diez años apuntan a elevar la cobertura de agua del 75,3% actual al 78,9%. En cuanto a los servicios cloacales, el objetivo es incrementar la cobertura del 63,9% al 65,3%.