Créditos de carbono
El Senado aprobó el marco regulatorio para los mercados de carbono en Argentina
La iniciativa obtuvo 59 votos afirmativos y pasó a la Cámara de Diputados. Diversas organizaciones ambientalistas cuestionaron la premura del debate y advirtieron sobre riesgos de deforestación.
Por Nuncia - Redacción
30 de octubre de 2026 · 09:00 · Lectura: 3 min
Cerca de las 11 de la noche de ayer, el Senado le dio media sanción al marco regulatorio de los mercados de carbono en la Argentina. La iniciativa, elaborada por la senadora salteña Flavia Royón, obtuvo 59 votos afirmativos y pretende impulsar sistemas de compensación de emisiones y destrabar acuerdos entre provincias e iniciativas internacionales.
El sector productivo reclama desde hace años un marco regulatorio para esta herramienta. Sin embargo, organizaciones como el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto con exfuncionarios, cuestionaron la premura con la que se trató la ley. También advirtieron que, sin una política climática definida, estos mercados podrían derivar en una mayor deforestación.
Cuestionamientos y antecedentes
“Argentina no tiene hoy institucionalidad en política climática. Que aprobaran este proyecto en el Senado es de una irresponsabilidad total”, señaló Juan Carlos Villalonga, exdiputado nacional y miembro del CPA. A nivel global, estos mecanismos han recibido críticas por dificultades para monetizar emisiones y por estrategias corporativas de greenwashing, blanqueo de madera, acaparamiento de tierras o monocultivos forestales.
Los mercados de carbono asignan un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero, provenientes principalmente de los sectores energético y agropecuario en el país. Permiten comercializar créditos que representan reducciones o capturas de gases. Las empresas emisoras pueden comprar estos créditos para compensar parte de sus emisiones, mientras proyectos de conservación o energías renovables reciben fondos.
La regulación internacional requirió casi 10 años de discusiones multilaterales. El Acuerdo de París de 2015 contempla en su artículo 6 mecanismos de cooperación entre países para transferir resultados de mitigación. Las discusiones continuaron hasta la cumbre COP29 en Bakú, centradas en evitar el doble conteo y garantizar la trazabilidad.
Categorías y funcionamiento
Los mercados se dividen en regulados y voluntarios. Los regulados funcionan bajo reglas estatales o internacionales, incluyendo sistemas de comercio de emisiones y mecanismos de compensación. Cada crédito representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente reducida o removida. Los mercados voluntarios operan por fuera de obligaciones gubernamentales, respaldados por certificadoras privadas, con precios sustancialmente más bajos.
El sistema enfrenta riesgos como la dificultad para comprobar la captura real de carbono o su uso por parte de empresas para justificar que continúan contaminando. En Brasil, la "Operación Greenwashing" investigó una trama de fraude con madera ilegal vinculada a proyectos REDD+ que recaudó US$ 34 millones. Casos similares se judicializaron en Paraguay, México, Uruguay, Colombia y Perú.
Detalles del proyecto de ley
El proyecto busca dar seguridad jurídica, atraer inversiones y facilitar la participación en mercados internacionales. Reconoce los créditos como bienes inmateriales con valor económico propio y crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe) para evitar la doble contabilidad. La iniciativa distingue entre Aportes de Mitigación y Unidades de Resultado de Mitigación Transferibles.
Además, establece incentivos fiscales como hasta 30 años de estabilidad tributaria y 0% en derechos de exportación, habilitando los créditos como respaldo financiero. El Poder Ejecutivo será la autoridad de aplicación, mientras las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán designar sus propios organismos.
Villalonga cuestionó que la discusión en comisión y plenario fue casi nula, y que la normativa contiene errores técnicos. FARN advirtió que la conservación puede quedar subordinada a generar créditos y que el carbono almacenado puede volver a la atmósfera por incendios o sequías. Para que un proyecto sea elegible, debe demostrar adicionalidad y no basta con conservar un bosque.
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