Crisis financiera
Detuvieron a cinco funcionarios del Banco Central de Paraguay por el caso Ueno Bank
Los máximos directivos del Banco Central pasaron de denunciar a Ueno Bank a enfrentar cargos por encubrimiento y connivencia tras el colapso.
Por Nuncia - Redacción
13 de noviembre de 2026 · 15:10 · Lectura: 3 min

Los funcionarios que presentaron una denuncia formal contra Ueno Bank terminaron detenidas por la misma investigación que impulsaron. La cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP), compuesta por cinco funcionarios, acudió el 3 de noviembre al Ministerio Público con más de 200 páginas de cargos contra la entidad colapsada.
Hoy enfrentan acusaciones de encubrimiento, omisión de controles y connivencia con el desastre financiero que congeló más de un millón de cuentas. El expediente fiscal indicó que los directivos conocían el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde diciembre de 2025 y no adoptaron medidas.
En febrero, el cuerpo colegiado recibió alertas sobre el incumplimiento del plan de factibilidad, la modificación irregular de fideicomisos y operaciones con empresas vinculadas al Grupo Vázquez por USD 140 millones. A pesar de esto, la entidad continuó captando depósitos del público hasta el cierre resuelto por unanimidad el 3 de noviembre, tras caer su índice de solvencia por debajo del 50%.
Las autoridades prometieron la devolución de depósitos hasta el tope legal de 75 salarios mínimos, equivalentes a G. 228.300.000, mediante el Fondo de Garantía de Depósitos en un plazo máximo de 15 días.

La situación de los directivos
Carlos Carvallo Spalding, quien presidía el BCP, renunció el día del colapso y su vivienda fue allanada días después. La Fiscalía lo acusa de mentir al Senado, lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, y cumple prisión preventiva en la Agrupación Especializada.
Holger Insfrán, superintendente de Bancos, fue detenido el 12 de noviembre tras el allanamiento de su domicilio, donde se incautaron 500 fojas de documentos. Se le imputa haber omitido medidas cautelares y retrasado la comunicación formal al Directorio sobre la concentración crediticia con empresas vinculadas.

Liana Caballero fue detenida en su domicilio en Asunción, mientras que Miguel Mora fue aprehendido en su residencia de Luque; ambos ejercieron la presidencia interina durante la crisis. Marco Aurelio González, exprocurador general y miembro del Directorio, renunció el 4 de noviembre y se entregó horas más tarde en la Comisaría Primera metropolitana tras los allanamientos.
Antes de su detención, González advirtió públicamente sobre las filtraciones del informe confidencial remitido al Senado y alertó sobre posibles consecuencias penales para los responsables. El derrumbe institucional también afectó al Ejecutivo el 6 de noviembre, cuando el Congreso Nacional destituyó a Santiago Peña mediante un juicio político.

Horas después de abandonar el cargo, Peña fue detenido y cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial. Es investigado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y tráfico de influencias.
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