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Justicia y educación

La Corte Suprema falló a favor de una madre que reclama educación inclusiva para su hija

La Corte Suprema revocó un fallo de Entre Ríos que había rechazado un amparo sin resolver el fondo de la cuestión. Exigen un proyecto pedagógico para una adolescente.

Por Nuncia - Redacción

12 de noviembre de 2026 · 15:50 · Lectura: 2 min

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti

La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de una madre en Rosario del Tala, Entre Ríos, que reclamaba educación inclusiva para su hija con discapacidad. El alto tribunal hizo lugar a la demanda contra el Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos (CGE).

La causa se inició mediante un amparo presentado por la mujer en representación de su hija menor de edad. La actora exigió el cese de la conducta que le negaba el derecho a la educación inclusiva. También solicitó la implementación de un Proyecto Pedagógico Individual (PPI) para garantizar su trayectoria escolar.

El recorrido judicial del caso

En la primera instancia, el juez hizo lugar a la demanda y ordenó al CGE elaborar un PPI en un plazo de 20 días corridos. El magistrado consideró que las propuestas alternativas del Estado no cumplían con los recaudos mínimos ni respondían a la singularidad de la joven.

Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó esa decisión y rechazó el amparo. Los jueces provinciales argumentaron que existía un trámite administrativo previo iniciado por la Departamental de Escuelas y que la madre ya había elegido esa vía.

La decisión del máximo tribunal

Ante esta negativa, la mujer apeló ante la Corte Suprema de la Nación, que finalmente le dio la razón. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron sin efecto la sentencia provincial y ordenaron un nuevo pronunciamiento urgente.

Para el tribunal, la justicia entrerriana incurrió en un exceso ritual manifiesto al rechazar el amparo por un trámite administrativo ya concluido e inútil. “Los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que, atendiendo a los derechos involucrados, no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción”, sostuvo el fallo.

En un voto concurrente, Ricardo Lorenzetti remarcó que el derecho a la educación de las personas con capacidades diferentes no puede quedar en una mera declaración. Además, advirtió que frustrar la aplicación efectiva de un derecho fundamental provoca una pérdida de confianza en las instituciones.

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