Crisis en la industria láctea
Lácteos Verónica: la Justicia decretó el concurso preventivo por millonarias deudas
La Justicia dictó la apertura del concurso preventivo para Lácteos Verónica, que acumula una deuda multimillonaria, numerosos cheques rechazados y meses de salarios impagos.
Por Nuncia - Redacción
24 de octubre de 2026 · 01:20 · Lectura: 3 min
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 17, Secretaría N.º 34, decretó la apertura del concurso preventivo de acreedores para Lácteos Verónica. La medida fue dispuesta por el juez subrogante Horacio Robledo a raíz de la solicitud formalizada por la compañía a finales de agosto. El magistrado encuadró el expediente bajo la categoría de Gran Concurso debido a la magnitud del pasivo y a los 829 acreedores denunciados por la propia firma.
De acuerdo con los registros del Banco Central de la República Argentina, la entidad acumula una deuda bancaria de $3931 millones con diferentes entidades financieras. A ese pasivo se le suman 3476 cheques rechazados por un monto acumulado que supera los $12.683 millones. En paralelo a este complejo escenario contable, la empresa enfrenta más de 20 pedidos de quiebra promovidos por distintos prestadores y proveedores comerciales.
La crisis financiera generó una fuerte parálisis operativa que impacta de lleno en la economía de la región santafesina. Desde enero de este año, la compañía frenó de manera total las actividades en sus tres plantas de procesamiento situadas en las localidades de Suardi, Clason y Lehmann. La situación afectó directamente a su dotación de personal: la plantilla se redujo a unos 360 trabajadores que registran diez meses de salarios adeudados.
El proceso judicial y el futuro de las plantas
En la actualidad, el único complejo industrial que mantiene algún grado de actividad es el ubicado en Suardi, donde se sostienen operaciones mínimas con un plantel reducido bajo la modalidad de trabajo a fasón para la empresa Copalac. Por su parte, las instalaciones de Clason y Lehmann permanecen inactivas, aunque en los últimos días trascendió la posibilidad de reactivar esta última mediante un contrato de producción a fasón con la firma Santa Clara para elaborar leche en polvo.

Asimismo, la administración de la empresa mantenía precontratos de venta de las plantas de Suardi y Clason con Cotalac y Lacterra, respectivamente, pactos cuya viabilidad deberá analizarse y resolverse dentro del concurso. Ante la complejidad del caso, el juez Robledo dispuso la creación de dos sindicaturas diferenciadas: una general para el control diario y otra verificante para el análisis de los créditos. Además, la Justicia decretó la inhibición general de bienes de la sociedad anónima.
El cronograma judicial fijó plazos clave para el desarrollo del proceso. El 3 de febrero vence el plazo para que los acreedores presenten las verificaciones de sus créditos, mientras que el 26 de ese mes concluirá el período para formular observaciones e impugnaciones. El informe individual se presentará el 27 de abril y la resolución sobre la validez de las acreencias llegará el 24 de junio. El informe general se conocerá el 14 de julio, las propuestas de acuerdo preventivo tendrán como límite el 9 de diciembre y el período de exclusividad vencerá el 7 de febrero de 2028.
El derrumbe de la compañía representa un duro golpe para el entramado productivo nacional. Según los registros del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, entre junio de 2024 y julio de 2025 la firma llegó a procesar 577.000 litros diarios de leche y se ubicó en el décimo puesto del ranking industrial al concentrar el 1,9% del total nacional. La fiscalización judicial sobre los contratos a fasón vigentes resultará determinante para definir si la empresa logra sostener una operatividad mínima mientras busca un acuerdo de reestructuración con sus acreedores.