Conflicto sindical en FADEMI
Condenaron a tres años de prisión a dos ex empleados por amenazar a una empresaria con un paquete de balas en Entre Ríos
Mauricio y Cristhian Taffarel recibieron una pena condicional de tres años por dejar un paquete con proyectiles frente a la casa de una de las dueñas de FADEMI.
Por Nuncia - Redacción
30 de octubre de 2026 · 15:20 · Lectura: 3 min
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay condenó a tres años de prisión en suspenso a los hermanos Mauricio Javier Taffarel y Cristhian Aurelio Taffarel por el delito de coacciones agravadas por anonimato. La sentencia se dictó tras comprobarse que ambos dejaron un atado de cigarrillos con dos balas y una nota intimidatoria frente a la vivienda de una empresaria entrerriana en enero de 2025.
Los condenados, ex empleados de la pyme FADEMI ubicada en la localidad de Larroque, no irán a prisión efectiva, pero deberán cumplir reglas de conducta durante tres años. Entre las obligaciones figuran 200 horas de trabajo comunitario y una prohibición de acercamiento de 100 metros a las víctimas, María Sylvia De Miguel y su hija María Laura Díaz De Miguel.
El hecho ocurrió el 27 de enero de 2025 en Gualeguay, en el marco de un conflicto laboral entre la empresa de baterías y el Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas. Las cámaras de seguridad registraron cuando Cristhian manejaba el vehículo y Mauricio depositaba la caja de cigarrillos con una bala de fusil FAL y otra de calibre 45.
Durante los allanamientos posteriores, la policía secuestró prendas de vestir y cajas de cigarrillos coincidentes con las registradas en las filmaciones. El juez Darío Ernesto Crespo descartó los testimonios presentados por la defensa para intentar ubicar a los acusados en otro lugar durante el horario del hecho, al considerarlos parciales frente a la prueba objetiva de los videos.
La fiscal Maite Burruchaga y los querellantes Emiliano Antonio Gietz y Pablo Abdón Torres Barthe intervinieron en el proceso que culminó con la condena basada en el artículo 149 ter del Código Penal. El tribunal rechazó un pedido de indemnización por daño moral al considerar que debía tramitarse por la vía civil correspondiente antes del cierre de la investigación.
También se desestimó el pedido de decomiso de los vehículos al considerarse que funcionaban como medio de transporte y fuente de subsistencia de los acusados, aunque sí se ordenó la confiscación de las prendas, el papel manuscrito y los proyectiles. Los querellantes manifestaron conformidad con el veredicto y destacaron que la resolución fija límites claros entre el derecho a huelga y los delitos cometidos.
Las tensiones en la pyme familiar habían comenzado a mediados de 2024 a raíz de reclamos salariales impulsados por el sindicato de Zárate-Campana que derivaron en asambleas, quites de colaboración y bloqueos a la planta. Desde la empresa señalaron que la situación afectó la producción de baterías y generó una crisis financiera con cancelación de pedidos y problemas con los proveedores.
Por su parte, desde el gremio cuestionaron las condiciones de seguridad en las instalaciones y los descuentos salariales, y exigieron la reincorporación de trabajadores despedidos. Tras diversas instancias judiciales, la Justicia laboral revocó los fallos que ordenaban reincorporar a los cesanteados por participar en los bloqueos, dejando firmes los despidos.

Temas